Por
James Cifuentes Maldonado
El
actual gobierno nacional está adelantando la revisión de las mal llamadas “nóminas
paralelas”, compuesta por personal vinculado a las entidades públicas a
través de contratos de prestación de servicios; ello como parte del propósito
de formalización del empleo público y dignificación del trabajo en el que se ha
empeñado la Colombia Humana.
Si
las intenciones del gobierno apuntan a que muchos de esos contratistas van a
ser vinculados a las plantas de las entidades y se va a hacer la depuración de
los que no aportan nada a la función pública, no puedo menos que celebrarlo por
anticipado, sin embargo, soy escéptico; creo que no pasará ni lo uno ni lo
otro, porque se trata de un fenómeno inherente a la forma en que en Colombia se
hace la política y específicamente las campañas electorales, en las que los
votos no solo ponen gobernantes, congresistas, diputados y concejales, sino que
además se traducen en cuotas burocráticas y en puestos; la mayor parte de ese
botín representado en contratos de prestación de servicios.
Los
medios de comunicación dejan en la opinión pública la sensación de que solo se
trata de un problema de corrupción, es decir que la tal “nómina paralela” solo
consiste en un montón de personas naturales, e incluso jurídicas, que cada mes
cobran los honorarios sin hacer nada, y eso no es verdad, o por lo menos no
puede decirse así en términos absolutos.
A
manera de ejemplo y con conocimiento de causa, puedo contarles que la fuerza de
trabajo de un municipio como Pereira está constituida entre un 60% y un 70% por
contratistas. Eso significa nada más ni nada menos que si no hay contratación
de servicios muchas de las cosas que están a cargo de la alcaldía no podrían
hacerse.
Ahora,
¿de dónde salen los contratistas? Un pequeñísimo margen de ellos llega a la
administración por su formación, su idoneidad y su experiencia, a manera de
cuotas técnicas o de confianza llevadas por los jefes de despacho, el resto, la
gran mayoría, hacen parte de los listados que se generan luego de cada proceso
electoral y con los que se completan los equipos de trabajo.
No
digo que el sistema burocrático basado en el proselitismo por sí solo sea malo,
ya que, en principio, encuentro razonable que quienes trabajan y sacan adelante
un determinado proyecto político puedan ver recompensado su trabajo con la
participación en el gobierno a través de un empleo, con un cargo o un contrato.
El problema surge cuando los beneficiarios de esos puestos no cumplen con los
perfiles, ni con las funciones, ni con los fines para los cuales son vinculados
y defienden su negligencia y su ineptitud con el respaldo político; de este
tipo hay muchos casos y constituyen una verdadera vena rota que desangra el erario.
Pero
existe la otra cara de la moneda, cientos de contratistas honestos, gente
humilde cumplidora de sus deberes, que trabajan con horario y sin horario, aun
cuando no tienen contrato, que sufren cada mes para pagar la seguridad social,
para poder pasar la cuenta de cobro; verdaderos empleados, sin prestaciones,
sin garantías y cuya estabilidad depende de que su jefe político no les retire
el apoyo y que no se queme en las siguientes elecciones.
Esto
es más que nóminas paralelas, se trata de un sistema perverso e injusto que
tenemos que cambiar.
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