miércoles, 30 de septiembre de 2020

Miscelánea - En las redes no hay verdad, sólo perspectivas.


Por James Cifuentes Maldonado

Al margen de los conceptos técnicos y teóricos, entiendo que la política, en cualquiera de sus contextos, en el hogar, en una reunión de amigos, en una junta de acción comunal, en el gobierno de una ciudad, de una región o de  un país, consiste en decidir en un momento dado qué hacer y cómo llevar a cabo lo que se decide, frente a determinado tema, verbigracia la economía, la seguridad, el trabajo, la educación, etc., y de otro lado entiendo la religión como creer en algo que no se ve; aferrarnos a una fábula que alguien inventó para darle sentido a la existencia, para copar los vacíos que no podemos llenar con la ciencia y obtener las respuestas que nadie nos puede dar fehacientemente sobre la vida y la muerte.

La política se basa en ideas y opiniones que determinan el ejercicio democrático o cualquiera que sea el sistema para elegir a quienes nos representan en las diferentes instituciones, básicamente para ejercer el poder, y, si queda algo de tiempo y alcanzan los recursos, para satisfacer las necesidades de los asociados. La religión se apalanca en la Fe, para estar serenos en los momentos difíciles y en la incertidumbre, para alimentarnos de esperanza, para poder seguir adelante, para tener una entidad del más allá, omnipotente, omnipresente, infinita e infalible a la cual rogarle todo aquello que ni la realidad ni las autoridades de la tierra le pueden proveer o resolver a cada individuo.

Al gobierno de la tierra rara vez le hacemos reconocimientos o le damos las gracias, porque, sin importar lo bien que se desempeñe o por grande que sea el progreso que nos traiga, jamás colmará nuestras expectativas; a lo sumo satisfará las necesidades de unos pero se olvidará de las carencias de otros, sin que podamos llegar a un consenso. En tanto que a esa autoridad etérea e imaginaria que tiene mil nombres, pero que en occidente llamamos Dios, le damos gracias cuando las cosas van bien pero también cuando van mal, porque, contrario a lo que sucede con las demás autoridades, frente a Dios no tenemos reclamos ni derechos que hacer valer en la protesta, solo gratitud y obligaciones; en eso radica la misericordia y la perfección del mundo espiritual, y por eso es que en materia religiosa a nadie le quedan debiendo, porque más tiene Dios para darnos que nosotros para pedirle.

Política y religión, son dos de las más importantes esferas alrededor de las cuales giran las inquietudes de la humanidad y sobre las cuales gravitan las opiniones de las personas, pero ninguna de ellas se sustenta en el conocimiento y ninguna de ellas conduce a la verdad.

Mis reflexiones sobre lo que han llamado la “posverdad”, por mi experiencia al frecuentar, más de lo que convendría, las redes sociales, esos hoyos negros que han creado las tecnologías, es que la certeza y la razón, son apenas unos imaginarios que cada quien construye y pretende imponerle a los demás, algunos en forma comedida, inteligente y otros de manera más salvaje, a la fuerza.

Invito entonces a que reconsideremos el rol y el valor de las redes sociales, que son una especie de Torre de Babel, en la que, por más que se diga y se argumente, nadie persuadirá a nadie y jamás llegaremos a la verdad, porque la verdad se anida en el silencio de nuestra propia conciencia y crece en la intimidad de nuestra biblioteca.

miércoles, 23 de septiembre de 2020

Miscelánea - La legitimidad de la fuerza

 


Por James Cifuentes Maldonado


Por estos días a la Policía Nacional le han salido muchos defensores “patrióticos” que justifican sus excesos poniendo de presente la conducta de los ciudadanos que se desbordan en la protesta o que simplemente son malos vecinos o malos borrachos, sugiriendo que los uniformados, actúan en una especie de “legítima defensa”, concepto que no podemos confundir. El ejército y la Policía ostentan el monopolio de las armas y el uso legítimo de la fuerza, una gran responsabilidad que se les asigna en nombre del Estado, precisamente para proteger a los ciudadanos. Los policías, como profesionales, deben manejar las situaciones cuando se salen de control, para eso han sido preparados, bajo la premisa de que disparar sus pistolas será siempre la última opción, lo extremo, lo impensado, lo indeseado. 

Los policías no pueden ir por ahí, como energúmenos haciéndole pagar a un ciudadano con su vida su mal comportamiento, porque eso es lo que los indicios muestran que pasó en el caso de Javier Ordóñez, al que ejecutaron, al parecer, por el “delito” de ser perecozo. Aparentemente los agentes del cuadrante estaban fastidiados con el individuo y esperaron que los agrediera, como dicen que sucedió, para caerle con todo, con el desenlace aterrador ya conocido, con las vísceras de Javier reventadas y el cráneo roto; eso no es legítima defensa, porque rompe la proporcionalidad con la que la Policía debe responder. 

Cuando los policías se ponen el uniforme, cuando enfundan la pistola y empuñan el bastón de mando, de alguna forma dejan de ser ellos en su fuero íntimo, para dar paso a la representación de la majestad del Estado y por ello las contingencias que a diario deben enfrentar no pueden asumirse como personales, y, de llegar a ser necesario, la fuerza que apliquen no será su propia fuerza sino la fuerza de la ley que en absoluto puede ser ciega o irracional. 

Que debemos respaldar la Policía Nacional, sin duda, bajo el entendido que, como en cualquier organización, hay manzanas podridas; ahora, que el Presidente deje la silla vacía en un acto de reconocimiento y de reconciliación, y en lugar de ello se tome fotos enchaquetado de verde y rodeado de policías, es un mensaje por lo menos inoportuno, para los ciudadanos agredidos que terminan por legitimar el ojo por ojo y el diente por diente, que es la justicia  retaliativa a la que algunos nos quieren acostumbrar. 

La Policía Nacional se mueve en dos mundos, de los mandos medios hacia arriba y de los mandos medios hacia abajo; en el primero más concentrados en el PowerPoint, en las cámaras y en los micrófonos, para difundir resultados que aseguren asensos, y en el segundo, en la base de la pirámide, se juegan el puesto todos los días, bajo la presión y la angustia de cumplir la cuota de comparendos. 

No justifico que un ciudadano se resista al llamado de la autoridad y al cumplimiento de una orden, pero eso pasa lamentablemente por la mutua falta de confianza, que lleva a que los policías sean estigmatizados y los ciudadanos victimizados; con un grave problema institucional, ya que la policía no es el cuerpo civil para el cual fue creado sino un instrumento de guerra, sacrificado en el conflicto interno y en el estéril combate al narcotráfico. 

Esto es más que Dios y Patria, se trata de cumplir la ley y de cuidar la gente.

miércoles, 16 de septiembre de 2020

Miscelánea - Soto

  

Por James Cifuentes Maldonado 

 

7 días antes de su deceso, como columnista, llamé a Enrique Soto, para consultarle sobre un proyecto normativo que él impulsó en su momento; me atendió muy formal y me dio declaraciones en extenso, explicándome que la democracia en Colombia, en cuanto hace a la participación de los servidores públicos en la política, es una “pantomima” y que era necesario sincerar y reglamentar ese tema, que es una realidad.

Al día siguiente me topé en Facebook con un en vivo que le estaban haciendo al ex senador; me llamó la atención su disposición, su claridad y su franqueza para asumir todo lo bueno y lo malo que en vida le pasó. Los panelistas le hicieron preguntas mordaces, sugestivas frente a las que creí iba a reaccionar con dureza, como era su estilo, pero esta vez no lo hizo. Se mostró muy realista y muy tranquilo, defendiendo con gallardía su obra y anunciando que la pelea por su integridad política no había terminado; que aunque inactivo por la pérdida de su investidura como senador y más recientemente por la pandemia, él era un guerrero y que iba a agotar todos los recursos legales que le quedaban.

Por su organización, que originalmente llamó Casa de la Democracia,  pasaron cientos de personas que le quedaron debiendo algo; Soto era un político que se movía, que gestionaba, que se manifestaba con claridad y contundencia, con la inteligencia del sentido común, potenciada con su constancia y esa gran capacidad de vivir en permanente contacto con la comunidad, siendo un dirigente agradecido con aquellos que se la jugaron por él.

El ex senador Soto tuvo la virtud o el defecto, según haya sido la experiencia específica de quien lo juzgue, de que, cuando ofrecía su ayuda, el compromiso era genuino y hasta el final, pero igualmente, cuando algo no le parecía o cuando sentía que alguien le pedía algo que no merecía, lo expresaba con un rotundo “NO”, con una determinación que amilanaba, que ofendía. Carlos Enrique en vida y ahora en su ausencia podrá ser lo que cada quien piense de él, al son de sus simpatías o de sus malquerencias, pero en todo caso sin puntos intermedios, porque él no los tenía, no se andaba con rodeos, ni eufemismos, ni acomodos, y eso en los políticos no es muy común.

Al final de sus días, Enrique Soto no tuvo el tino ni la convocatoria de otros tiempos, y alrededor de su trayectoria se podrán decir muchas cosas buenas y otras que generarán resquemor y polémica, pero lo que nadie podrá negar es que se forjó para sí mismo, sin herencias, un lugar bien importante en la política de Pereira y Risaralda; arrancando desde la base, haciendo como pocos, el curso completo desde la Junta de Acción Comunal hasta el Senado, agradando a unos y mortificando a otros.

Unos dirán que Soto era serio y confiable otros que era tosco y grosero, de cualquier modo su personalidad era su sello; al margen del estilo, fueron muchas las ejecutorias y procesos que este señor, como dirigente popular, sacó adelante. Sea que la élite pereirana lo reconozca o no, Enrique Soto fue y será un referente político de Pereira y Risaralda, que alcanzó a llegar con su discurso silvestre a donde muy pocos llegan; un fenómeno electoral del cual sólo lamento la orilla en la que terminó, algo lejos del liberalismo que lo vio nacer y que ahora lo acoge en eterna memoria.

miércoles, 9 de septiembre de 2020

Miscelánea - Hipocresía y Democracia

   


Por James Cifuentes Maldonado 

 

Por estimarlo útil, por estos días de inquietud política en Pereira, cito apartes del planteamiento de la causal sobre la cual el Consejo de Estado anuló la elección de Aída Merlano como senadora:

(…) considera la Sala que el análisis de la incidencia de las prácticas relacionadas con corrupción que afecten la libertad del elector deben ser estudiadas no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista subjetivo caso en el cual no se requeriría de la demostración taxativa de los requisitos en cita. (…) ... es claro que la causal de nulidad electoral endilgada y analizada en el caso concreto difiere de la causal de violencia tradicionalmente abordada por la Sala, toda vez que en este evento lo que se censura es la conducta de la demandada desde el punto de vista de la corrupción, por cuanto las prácticas corruptas que afecten la libertad del elector y la pureza que debe caracterizar el voto, atentan no sólo contra los principios democráticos del Estado Social de Derecho sino además, contra normas de rango constitucional. (…).

Bajo este precedente, para anular una elección, por presunto constreñimiento, basados en la causal subjetiva, más allá de probar quién, cómo, y cuándo se coaccionó al elector, es suficiente con evidenciar que se configuró el componente de corrupción, como en el caso Merlano, donde además de las responsabilidades individuales que vincularon a un grupo de personas con unos elementos materiales como certificados electorales, cédulas y dinero en efectivo, era ostensible que lo hecho por esa organización, indistintamente de la voluntad final de los electores en las urnas, fueron actos contrarios a los principios democráticos y a la Constitución que, por tanto, deslegitimaron la elección de la señora Aida Merlano como senadora.

Desde esta óptica, si un cargamento de fruta llega descompuesto a su destino, para justificar su rechazo no importa tanto saber quién dejó podrir la carga, ni cómo, bastando con establecer que llegó dañada, porque ese fue el efecto, porque la fruta se vio mal y además olió mal.

Por la contundencia de las evidencias y lo escandaloso de los hechos, nadie en este país abogó por Aída Merlano y la revocación de su curul fue asimilada fácilmente, pero los efectos de la sentencia en general no fueron dimensionados hacia el futuro, siendo previsible que, en la medida en que surjan más procesos, en los que se logre establecer la corrupción como el elemento fundante del constreñimiento o de la violación al derecho al voto, el impacto será más profundo.

No existe una categoría jurídica que defina y limite los actos corruptos, por lo tanto podría decirse que, además de los delitos electorales ya tipificados, corrupción es cualquier cosa, como el tráfico de influencias o de favores, de promesas para el reparto de puestos y de contratos y todo aquello conocido como clientelismo o “mermelada”, para ganar adeptos y votos; y se pregunta uno: ¿la más mínima “impureza” será el rasero que los jueces seguirán aplicando para anular elecciones populares?, si así fuera ¿Qué incidencia tendrá en las campañas?, o ¿será que dejamos la hipocresía y asumimos que llegó la hora de reglamentar el artículo 127 de la Constitución, para controlar la intervención de los servidores públicos en política?.

viernes, 4 de septiembre de 2020

La presunción de inocencia como garantía constitucional no es selectiva, es para todos.

 

Por James Cifuentes Maldonado


Esta semana nos enteramos del fallo judicial de primera instancia que anula la elección del actual alcalde de Pereira, y aunque suena obvio hay que decir que todos los ciudadanos, sin excepción, debemos ser consecuentes con la connotación que hay en ello, esto es, que lo decidido no está en firme, porque resta el trámite de la segunda instancia en el Consejo de Estado, máxima autoridad en la materia. Por lo tanto, aunque son respetables todas las opiniones que hoy se escuchan sobre la determinación que tomó el Tribunal Administrativo de Risaralda, es lamentable que algunos dirigentes no aprecien los hechos en la dimensión de lo que ha pasado hasta el momento y lancen juicios de valor, que más bien son ataques de oportunismo político, como si la campaña no hubiera terminado, como si el asunto ya hubiera sido resuelto y como si la segunda instancia ya se hubiera pronunciado. 

 

Se impone hoy, como en otros casos, todos reprochables, el doble rasero en el cual para unos la presunción de inocencia opera dependiendo de quién sea el acusado, legítima sólo si se reclama para sí mismo, en tanto que, si la invoca el adversario, ese  derecho constitucional se torna inexistente y no se tiene ningún problema en condenar a priori, saltándose el conducto regular de la justicia que no se ha agotado y de paso confundiendo la opinión pública, para obtener réditos y protagonismo, como si fuera un axioma que en la política no puede haber lealtad y que todo se vale para acabar con el contrincante.  

 

Leída la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, que anula la elección del alcalde de Pereira, en principio encuentro que ha sido dictada en derecho y sustentada en pruebas que efectivamente obran en el proceso, sin embargo, estimo que en lo jurídico se queda corta al no apreciar el asunto en el contexto amplio que rodea los procesos electorales, en relación con la forma en que se desarrolla el ejercicio democrático y cómo se dan las campañas en la práctica.  

 

En relación con el componente tecnológico que rodea algunos hechos de la demanda, el Tribunal no tuvo en cuenta el principio de neutralidad consagrado en la legislación colombiana que, de haberse considerado, hubiera dejado el tema de los referidos en la dimensión que ha tenido siempre, en la normal recolección de datos de simpatizantes o potenciales electores, a través de listados, lo cual no es una novedad, eso se ha hecho siempre a través de reuniones, en medios rudimentarios como cuadernos o en su lugar hojas de Excel, siendo que lo único novedoso ahora es que se hace a través de aplicaciones o Apps, siendo claro que las aplicaciones son transparentes como herramientas o facilidades o desarrollos, que han hecho que muchos procesos y actividades en el mundo se hayan optimizado, lo cual es el objetivo fundamental de la tecnología.  

 

Al respecto el numeral 6 del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009 establece lo siguiente:  

 

El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible

 

Entonces, de acuerdo con la norma citada, al margen del componente tecnológico, los listados de personas, son eso, meros listados, que los elaboran todas las campañas políticas para orientar sus estrategias, aquí en Pereira y en cualquier parte del mundo, lo que llevaría a pensar que en el caso de la campaña del señor Maya a la alcaldía de Pereira y el uso de la App Kontacto, no estaríamos necesariamente ante una situación ilegal, como lo concluyó en primera instancia el Tribunal, sino ante una lectura anacrónica y rezagada del aprovechamiento de los medios tecnológicos en los procesos democráticos. 

 

En relación con las pruebas, aportadas por la parte demandante, igualmente queda la sensación de que no fueron apreciadas en la totalidad de sus alcances, y especialmente no se entiende cómo sobre dichas pruebas el Tribunal erigió el cargo de violación del derecho a la libertad de voto, cuando los presupuestos de hecho de esa conducta y su nexo causa-efecto en el caso concreto no fueron demostrados, ya que, apegados a lo sucedido en la campaña del señor Maya, de cara a las elecciones del pasado 27 de octubre, comprobar la materialización de un supuesto constreñimiento, como la afectación violenta y efectiva de la voluntad de los ciudadanos, en el ejercicio final en las urnas, es imposible, entre otras cosas porque el voto en Colombia es secreto, pero además porque la mera recolección de los referidos de ninguna manera tiene la capacidad de incidir en la autonomía de los votantes.   

 

No puede pasarse por alto que el concepto de la Procuraduría, rendido en este caso, aborda parte de los elementos que aquí se han analizado, con mucha más precisión, para llegar a descartar vicios en la elección del alcalde Maya, aunque si advirtiendo que pudieron presentarse faltas disciplinarias por parte de algunos funcionarios, por presunta participación en política, lo cual es otro asunto que en absoluto tiene la vocación de afectar el proceso electoral y mucho menos de anularlo.  

 

Indistintamente de quien sea el alcalde hoy, en cualquier municipio de Colombia, las costumbres políticas para elegirlo y para conformar los gobiernos son las mismas, y eso los partidos, la ciudadanía y las autoridades lo saben, lo que pasa es que las apreciaciones de los actores dependen de si se ganan o se pierden las elecciones, habiéndose vuelto costumbre no aceptar los resultados.  

 

Hoy Carlos Maya sigue siendo el alcalde de Pereira, y en tal posición es natural que deba soportar los ataques de quienes, de cualquier modo, insisten en deslegitimar su investidura, a sabiendas de que en su campaña y en su proceso de elección en el fondo no sucedió nada que no corresponda a las formas en que históricamente se ha hecho la política en este país.

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Miscelánea - A vivir en modo pandemia


Por James Cifuentes Maldonado 

  

En sus marcas, listos ya… ayer los noticieros de radio y televisión nos hicieron sentir que el mundo se volvió a crear, y… si pero no. El mundo no se acabó y la pandemia tampoco, pero en parte si ha caído esa idea y esa barrera sicológica del confinamiento, contenida en los decretos nacionales y locales que cada mes nos imponían un mar de prohibiciones y otro mar de excepciones, nada más confuso. Hoy, los nuevos decretos nos autorizan prácticamente a todo, menos para ir al bar o a la discoteca, ir a conciertos o eventos masivos, tomarnos una cerveza en el espacio público o aglomerarnos en la calle, lo cual incluye mantener en suspenso el derecho de manifestarnos y protestar, lo que significa que debemos seguir bailando, bebiendo y protestando, en casa. 

 

Retomamos muchas cosas que parecen nuevas: Se abre el turismo, podemos volver sin restricción a las carreteras, para vivir Colombia y viajar por ella, se empieza a normalizar la operación aérea; aunque con control de aforos, los restaurantes, hostales y hoteles se volverán a colmar, y lo más importante, las familias volverán a reunirse los fines de semana en la casa de la abuela, sin ese halo de clandestinidad con el que se venía haciendo; podremos volver a recibir visitas, sin que el vecino cansón del conjunto llame a la portería a poner la queja. 

 

Regresa el fútbol, volveremos a ver al amado Deportivo Pereira sobreviviendo en la A, así sea por televisión, tal y como ahora estamos viendo el Tour de Francia, como lo hemos visto siempre, como ven y viven, casi todo, la mayoría de compatriotas, por la pantalla chica; porque la gran mayoría no tienen carro, no viajan por carretera, no comen en restaurantes ni se alojan en hoteles, no han visto el mar y no tienen pasaporte. Esta es la vieja realidad, es la realidad de siempre, de ese otro país que muchos desconocen y que está reactivado prácticamente desde abril, la realidad del rebusque de los que, si paran un día, no comen ese día y así sucesivamente. 

 

No es volver a nacer, pero sí es mucho para estar contentos pero prudentes; es obvio que la reactivación de unos significa la oportunidad de otros; si el dinero fluye, fluye todo; si bien para unos la reapertura se traduce en lujos y mayor calidad de vida y para otros en mera supervivencia, es la vida al fin, la vida que queremos vivir, por lo menos como era antes que la COVID-19 y los tapabocas llegaran para quedarse. 

 

ADENDA. Ahora que el proceso de Alvaro Uribe pasa a ser instruido por la Fiscalía, me quedo tranquilo, porque muchos indignados con la Corte vuelven a la institucionalidad, y para que sigamos adelante les propongo una forma alternativa de imparcialidad: Supongamos que todo cuanto se dice alrededor de la violencia en Colombia es incierto, que nada de lo que dicen desde la ultra derecha y desde la ultra izquierda es verdad, o por lo menos que es oscuro; asumamos que cada quien copa los medios de comunicación y las redes sociales con la versión que más le gusta o le conviene. Por mi parte ya he escuchado suficientemente la explicación de la familia Uribe y de sus abogados, que pueden pagar millones para limpiar su nombre, y por eso decidí por mi cuenta conocer la otra historia. Y soy enfático, yo no leo para creer, tan solamente lo hago para lo mínimo que puedo hacer: DUDAR, dudar de todo.