Por James Cifuentes Maldonado
Las llamadas “ias”, tanto por el deber legal que tienen, como por los cuantiosos recursos que manejan en sus nóminas y en su funcionamiento, están obligadas a mostrar resultados y eso pesa y deriva en una gran presión a la hora de ejercer el control y aperturar las investigaciones. Por supuesto que en la gestión pública los actos de corrupción han sido la constante histórica y existen todas las razones para dudar y extremar los cuidados; sin embargo, la historia también habla de una gran ineficacia de los controles; la mayoría de los serruchos y los torcidos se quedan en la impunidad o ni siquiera llegan a descubrirse, porque las auditorías son pobres o los auditores no tienen la idoneidad ni la capacidad de detectarlos, cuando no es que las investigaciones solo buscan objetivos mediáticos.
En la actual emergencia sanitaria, el despliegue de la fiscalía, de la contraloría y la procuraduría se justifican plenamente, por las dimensiones de la crisis, de los recursos destinados y por los mecanismos de urgencia que abrevian los procesos de contratación y por tanto aumentan los riesgos. En principio eso se ve muy lógico, pero infortunadamente no podemos asegurar que todos los hallazgos preliminares estén bien fundados y que finalmente no se queden en meros aspavientos para impresionar a la opinión pública.
En este contexto, es lamentable lo sucedido con algunos funcionarios encausados en Pereira, por el manejo de recursos en la emergencia sanitaria por COVID-19. Es una pena, porque la actual administración ha mostrado gran liderazgo y se ha dado la pela en varios frentes de la crisis, como por ejemplo el no cobro de servicios públicos en estratos bajos, la reprogramación del calendario tributario y otros beneficios a los contribuyentes, así como en la permanente presencia y asistencia social en las comunidades.
Ojalá las investigaciones se adelanten con seriedad y celeridad, y los que tengan que responder que respondan, y los que no, puedan limpiar su nombre rápidamente, porque, en el caso de quienes resulten inocentes, el daño ya está hecho y es irreparable. Repruebo que se pretenda hacer política con las desgracias ajenas, porque los que hoy son investigados no están solos, tienen familias a las que se causa mucho dolor, y, sean quienes sean los involucrados, sin importar su filiación, no deja de ser una desgracia y lo único que debemos hacer es dejar que los procesos corran y presumir de ellos la inocencia, eso dice la Constitución.