Lo que se ve no se pregunta

Por James Cifuentes Maldonado

Un grupo de ciudadanos instauró una acción de tutela por la pregunta del plebiscito sobre los acuerdos entre el Gobierno y las Farc: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”.

Defendiendo sus razones en un medio radial, uno de esos ciudadanos comenzó diciendo: “lo concertado en la Habana es un acuerdo político”; en ese momento yo cambié de emisora, porque con esas palabras se cerró de entrada toda discusión, y me quedé sin entender entonces el sentido de haber presentado la demanda judicial, porque efectivamente las connotaciones del plebiscito no son normativas y, como lo ha dicho la Corte Constitucional, los resultados serán vinculantes exclusivamente para el Presidente, quien dentro de su autonomía decidió convocarlo.

Por su naturaleza jurídica y por las circunstancias de la actual coyuntura, el plebiscito es un mecanismo mediante el cual el presidente Juan Manuel Santos se juega su capital político y su popularidad en un intento por conseguir que su iniciativa hacia la paz sea respaldada por el electorado, para afianzar su legitimidad y seguir adelante con la implementación de lo acordado que, dicho sea de paso, deberá hacerse mediante el trámite legislativo en el Congreso, con todo el rigor y las implicaciones democráticas que ello conlleva.

Por la simpleza que dispuso la Corte para la formulación de la pregunta, al Presidente le quedó un gran margen de maniobra. Al final, más allá de la semántica, la gramática y la sintaxis, lo realmente relevante serán los números que arrojen los comicios del 2 de octubre, en términos de cuántos digan NO, cuántos digan SI y cuántos se abstengan, frente a los acuerdos con las Farc, porque, como ya se ha dicho hasta el cansancio, la paz es un duro camino y no es un estado de la sociedad que pueda imponerse por decreto.

Demandar la pregunta del plebiscito por las connotaciones políticas o los intereses del presidente Santos es un contrasentido y jurídicamente resulta inocuo, no aporta nada al debate, salvo por el protagonismo de los demandantes y la exposición mediática de quienes legítimamente se le atraviesan a las iniciativas del gobierno, lo cual se explica precisamente en que ellos representan una posición política contraria, de clara aspiración al poder, y no necesariamente porque estén preocupados, en mayor o menor grado, por la justicia, por las víctimas del conflicto o porque se reduzcan los niveles de violencia en Colombia.

Sobre la redacción de la pregunta del plebiscito, su orientación política y la obvia inducción hacia el SI, cabe la respuesta que sabiamente le dio el finado Juan Gabriel a los periodistas que constantemente lo azuzaban sobre su condición sexual: “lo que se ve no se pregunta”.

Es natural que el Presidente aproveche todo cuanto puede para que su iniciativa no fracase, ni tonto que fuera; con toda seguridad, sus aguerridos e indignados opositores procederían igual o peor, si estuvieran en la misma posición, que no lo están, y ese es el trasfondo del asunto.